LA SALUD REPRODUCTIVA Y UN
ABUSO LEGISLATIVO.
Por Mons. Héctor
Aguer, Arzobispo de La Plata.
(Publicado en el diario El
Día de La Plata, 19-06-03).
La provincia de Buenos Aires
cuenta
ya con su Programa de Salud Reproductiva y Procreación
Responsable,
establecido por una ley que, al cabo de una larguísima
dilación,
fue aprobada por las dos Cámaras en menos que canta un gallo. Si
mis
datos no fallan, el proyecto finalmente considerado obtuvo el voto
unánime de los representantes del pueblo. Cuesta creer que ni un
solo
senador, ni un solo diputado, hayan tenido la lucidez y el coraje de
rehusar su
asentimiento a este abuso legislativo. La disciplina partidaria y el
temor al
abucheo de las barras "progresistas" se imponen a la independencia de
juicio y a
la responsabilidad de la conciencia.
La
expresión "abuso legislativo" puede parecer excesivamente
severa; la
empleo aquí, con todo respeto, aludiendo al mal uso, al uso
excesivo e
injusto de una potestad. ¿Quién, en efecto, reclamaba la
sanción de esta ley? ¿Figuró acaso, claramente,
una propuesta
semejante en las plataformas partidarias? ¿Es esto lo que
demanda el
sufrido pueblo bonaerense, sometido a tantas carencias, tan probado en
su
esperanza? La calificación de "abuso" no es un exabrupto
mío; se
basa en una enseñanza luminosa de la tradición
católica,
formulada por Juan XXIII en su encíclica Pacem in terris con
estas
palabras: "La autoridad constituye una exigencia del orden moral y
dimana de
Dios. Por ello, si los gobernantes promulgan una ley o dictan una
disposición cualquiera contraria a ese orden y, por
consiguiente, opuesta
a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada ni la
disposición
dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es menester
obedecer a
Dios antes que a los hombres; más aún, en semejante
situación, la autoridad deja de ser tal y se origina un abuso
espantoso".
Probablemente, en la sanción de la norma provincial, pesó
la
impaciencia del ministerio de Salud de la Nación, que necesita
descargar
su acopio de píldoras y fundas elásticas, y no
habrá
faltado el empuje y la porfía de algunas personalidades
relevantes de la
vida política nacional para potenciar a las usinas siempre
activas de la
ideología feminista.
El programa
aprobado, como el impuesto por el Congreso de la Nación,
consagra una
intromisión del Estado en la intimidad de la familia y de la
vida
personal de los ciudadanos, desmañado sucedáneo de una
buena
política familiar. Los legisladores han asumido como deber y
función del Estado el estímulo de una procreación
responsable, como si estuviera en la capacidad y competencia de los
organismos
públicos determinar cuándo es responsable la
procreación, o
en qué medida gozan de salud sexual los argentinos. Aquí
despunta
la veta ideológica de la iniciativa, y con ella una
visión
reduccionista de la persona humana y del orden familiar, una
concepción
de la sexualidad desligada del amor, del matrimonio y la familia.
Al igual que otras normativas del mismo jaez,
las disposiciones de la ley provincial apuntan, fundamentalmente, a
difundir
información, previa preparación de agentes para esa
tarea, y al
reparto de anticonceptivos y preservativos. La ley enuncia algunos
laudables
propósitos: proteger a la familia, sociedad natural anterior al
Estado;
valorar la maternidad; reconocer el derecho a la salud y a la dignidad
de la
vida humana (podrían haber añadido: desde el instante de
la
concepción hasta la muerte natural); disminuir la morbilidad y
la
mortalidad de madres y niños; garantizar a las mujeres la
atención
integral durante el embarazo, el parto y el puerperio. Cosas muy
buenas, todas
ellas. Pero nos preguntamos cómo harán las autoridades
provinciales para concretar en la realidad estas metas, que suenan a
declaración retórica cuando las confrontamos con otros
puntos de
la ley, ambiguos o contradictorios respecto de aquellas
dignísimas
intenciones. Uno de los objetivos señala: "Prevenir, mediante
información y educación, los abortos"; y otro: "Otorgar
prioridad
a la atención de la salud reproductiva de las adolescentes". Se
propone,
además, universalizar la información, de manera que
llegue a todos
los habitantes de la Provincia, en especial a los más
jóvenes.
¿Quién se ocupará de esta misión?
¿En qué
manos quedará la educación de nuestros adolescentes en
materia tan
esencial y delicada? ¿Qué concepción de la
persona, del amor,
de la sexualidad, de la familia, ha de inspirar la prometida
capacitación
de "docentes, profesionales y personal específico en
educación
sexual"? Se habla de "ayudar a la familia en la educación de los
hijos en
esta materia": ¿se respetará efectivamente el derecho de
los padres
a decidir sobre la información que se quiera brindar a sus hijos
menores
de edad? Es de temer que no. Más allá de la mera
sospecha, podemos
observar que se postula como un principio la satisfacción del
interés superior del niño, que podría invocarse
soslayando
o derogando la patria potestad. El Estado se propone también
"brindar
información respecto de las edades y los intervalos
intergenésicos
considerados más adecuados para la reproducción"; este
eufemismo
encubre, ciertamente, el reparto de anticonceptivos. Pero la
intromisión
estatal involucra también a los varones: se promoverá su
participación en el cuidado del embarazo, el parto y el
puerperio, de la
salud reproductiva y la paternidad responsable. Otro eufemismo; en
realidad,
para inducir este cambio cultural de la población masculina se
les
repartirá gratuitamente el adminículo de látex que
hizo
célebre el apellido de su presunto inventor, el inglés
Condom. La
mayor contradicción se encuentra en el último objetivo
señalado en el artículo 2º: se afirma que en todos
los casos
los métodos suministrados serán no abortivos, pero
también
se anota: "aprobados por el ANMAT". Este organismo estatal encargado de
aprobar
los medicamentos ha autorizado fármacos e instrumentos
abortivos. La cosa
viene de lejos: ya en 1997 el ministerio de Salud y Acción
Social de la
Nación aprobó para su venta una combinación de
hormonas
esteroideas sintéticas cuyo efecto principal es producir en la
mucosa del
útero cambios que impiden la anidación de un
embrión
recién concebido, provocando así un aborto ultratemprano.
Es de valorar el inciso que se propone
asegurar que el programa no se instrumente al servicio de
políticas de
control demográfico. Quizá no han advertido los
legisladores que
la sanción de esta ley ya implica responder a un designio
antinatalista.
Se sabe con certeza que estos programas de salud reproductiva son
impuestos a
los pueblos bajo presiones de organismos vinculados a las Naciones
Unidas y de
los centros financieros internacionales, que condicionan el
otorgamiento de
créditos a la adopción de medidas que contribuyan a
disminuir la
población de los países pobres, o empobrecidos como el
nuestro.
Sería importante conocer quién financia la compra masiva
de los
anticonceptivos y otras yerbas que se han de distribuir. Por otra
parte, la
experiencia de los países sometidos desde hace años a
programas
como el que se aplicará ahora a nuestro pueblo, nos autoriza a
prever y a
temer resultados catastróficos, exactamente contrarios a los
frutos que
se pretendía obtener: multiplicación del número de
abortos,
extensión de las enfermedades de trasmisión sexual,
avance
devastador de la plaga del sida, incremento de la promiscuidad y ruina
del
sentido moral.
La inclinación
totalitaria de las medidas adoptadas aparece en la omisión del
derecho a
la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y de
la
educación y en la imposición del programa a los
institutos
educativos de gestión privada, exceso intolerable que vulnera el
principio de libertad de enseñanza.
El
programa provincial de Salud Reproductiva y Procreación
Responsable
aguarda ahora su adopción por parte de los municipios. La Comuna
platense
ha dado ejemplo de celeridad; según se ha publicado, ya pone a
disposición de los consumidores, para empezar, mil dispositivos
intrauterinos, siete mil dosis de anticonceptivos hormonales y treinta
mil
preservativos. La Secretaría de Salud del Municipio, tan remisa
en
afrontar la escandalosa desnutrición de miles de niños,
el
contagio creciente del hantavirus y el embate de otras plagas que
acarrea la
miseria, se apresura a asegurar a los habitantes del Partido los
beneficios
gratuitos de la nueva ley. Curiosa manera de cuidar la salud de la
población.